Domingo 21/12/2014 | Actualizado 9:38 h

La policía pide que la Unidad de Delitos Económicos investigue al líder del PP de Almería

El informe de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía del TSJA da credibilidad a la denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción

Pablo Fraile / 12 jun 2013 2
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La Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía del TSJA considera que no “puede descartarse la existencia de responsabilidades” en la denuncia presentada en enero pasado por AMAyT – Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia-  que señala la existencia de “una trama societaria” en torno a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación y del PP de Almería,  y recomienda que sea la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional quien investigue el “centenar” de sociedades que la denuncia relaciona con Amat .

Tras recibir ese informe de su Policía Judicial, que también concluye que no habría personas aforadas presuntamente implicadas, la Fiscalía Superior del TSJA ha trasladado la denuncia al Juzgado de Intrucción nº 1 de Roquetas de Mar, al apreciar que los hechos denunciadospor AMAyT pueden guardar relación con los que ya viene investigando este juzgado a raíz de otra denuncia, también relativa a presuntos delitos urbanísticos.

Según puede leerse en el decreto de remisión que firma el fiscal del TSJA Rafael Jover y al que ha tenido acceso este periódico, la Policía Judicial considera que “dada la gran complejidad de la denuncia que ha motivado el presente informe, donde aparecen más de un centenar de sociedades, así como multitud de resoluciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, principalmente en materia urbanística, que afectan al PGOU del año 2007 de ese municipio (…) se debería proceder a la asignación de la presente investigación a unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente Unidades de Investigación de Delitos Económicos y Financieros”.

En el informe, que la Fiscalía del TSJA asume en su decreto, la Policía Judicial marca las líneas que a su juicio debería seguir la investigación. La unidad adscrita al TSJA recomienda la elaboración de un organigrama que clarifique las conexiones entre las diferentes sociedades implicadas y “confeccionar […] esquemas de interrelación que vayan despejando el posible papel desarrollado por cada sociedad, determinando aquellas que puedan estar articuladas con el fin específico de conservar patrimonio y reducir la presión fiscal […] u ocultar a los verdaderos propietarios de bienes o derechos y eludir impuestos, es decir localizar sociedades patrimoniales o instrumentales”.

En esta misma línea, la Policía Judicial entiende que se deberían practicar una serie de diligencias para “descartar o perseguir la posible existencia de alguna responsabilidad”: consultar registros, realizar informes patrimoniales de sociedades y personas, analizar la posible existencia de testaferros o el análisis de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Roquetas. Igualmente, la Unidad Adscrita recomienda la solicitud de auxilio a organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

El Ministerio Público archiva la denuncia para remitirla al juzgado 1 de Roquetas al constatar que este, “cuando menos de una forma parcial, viene conociendo sin lugar a dudas de los mismos hechos”, en alusión a una denuncia presentada con anterioridad por Margarita Kaiser. Asimismo, se hace partícipe a la Fiscalía Provincial de Almería “para que lleve a cabo las comprobaciones pertinentes y actúe en consecuencia”. La Fiscalía del TSJA recuerda que las diligencias deben tener en cuenta los plazos legales desde la producción  de los hechos a fin de evitar una posible prescripción de eventuales delitos.